Derivado de la renuncia
al cargo de Fidela Bernarda Cuenca
Fermín, alcaldesa de San Miguel Ahuhuetitlán, y de Anayeli Huerta Atristain, munícipe de
Santiago Tamazola, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca ( IEEPCO) pidió a la Segego interviniera en el caso y no se acrediten
a las autoridades de estos ayuntamientos hasta que se resuelva el conflicto existente.
El secretario ejecutivo
del IEEPCO, Luis Miguel Santibáñez Suarez, manifestó que de acuerdo a las
condiciones en que se dieron estos casos de la renuncia de las munícipes de
Tamazola y Ahuhuetitlán, hay índicos de que se trata de violencia política de
género, ya que les fueron relegadas las condiciones de poder gobernar, además
de que ellas fueron electas en el proceso electoral.
Manifestó que al ser las
triunfadoras en las contiendas electorales nadie les tiene que prohibir el
derecho que por ley les corresponde, por lo que se comunicaron con la
Secretaría General de Gobierno (Segego) y se ha pedido la intervención en este
tema.
Mencionó “la Segego
inicio el análisis de estos casos y ha determinado no acreditar a quienes se
ostentan como autoridades de estas comunidades , a no ser que se han las mismas
alcaldesas quienes encabezan los ayuntamientos, por lo que en primera instancia
estos municipios que ahora recaen en hombres no están siendo validadas por las
autoridades y por ende no podrán ejercer sus cargos hasta que quede aclarada la
situación de estos municipios, esta aclaración tendría que llevarse ante el
Congreso del Estado”.
Manifestó que se está investigando
estos dos casos ya que en el proceso electoral fue la ciudadanía quien
determino que serían las alcaldesas quienes debían de representarlos y no los
hombres que ahora están al frente, cabe hacer referencia que en el caso de
Tamazola el síndico municipal, Oscar Sánchez, es el que se quedó al frente del
municipio, siendo este ex alcalde y cuñado de la presidenta Anayeli Huerta.
En tanto que Salvador
Daniel Peral Bazán, sindico municipal de Ahuhuetitlán tampoco ha podido
ser acreditado porque él no es el presidente municipal constitucional de esta comunidad en la región Mixteca.
Santibáñez Suarez
expuso que “el Instituto ya le hizo un llamado atentado a la legislatura
estatal para que revise puntualmente estos caso y no se configure lo que
pareciera que son presidentas municipales que están siendo amenazadas para
renunciar a sus cargos y esto derivaría en violencia política de género, las
Salas Regionales y el mismos Tribunal ya han generado acciones por la violencia
política de género y esta deberá de ser tipificada y castigada”.