Lesli
Aguilar/Corresponsal
HUAJUAPAN
DE LEÓN, Oaxaca.- Para exigir la destitución del edil de San Juan Yucuita, los
miembros del Comité de Defensa de esta comunidad en la región Mixteca, no descartan la posibilidad de no
permitir la instalación de casillas el 1 de julio en este municipio.
Alejandra
Santos, presidenta del Comité Representativo del Pueblo originario de San Juan Yucuita, manifestó que de que en
el caso de que el Congreso del Estado no resuelva la petición que tienen para
destituir a su presidente municipal, Gildardo Rodríguez Ramos, acusado de presuntos actos de corrupción, la
comunidad no ha descartado la posibilidad de no permitir al Instituto Nacional
Electoral (INE) la colocación de
casillas en esta comunidad en la siguiente jornada electoral.
Santos detalló que el caso se
encuentra estancado, pues, el edil Rodríguez Ramos metió un recurso de
inconformidad ante los Tribunales Federales por la presunta violación a sus
derechos político electorales, por lo que el Congreso no ha determinado una
solución.
Explicó que están a la espera de
que la Suprema Corte de Justicia determine si se han violado los derechos
político electorales de la autoridad local, sin embargo, 12 pueblos del
distrito de Nochixtlán y la región de Valles Centrales se han unido para exigir
a la autoridad estatal respete la autonomía de las asambleas comunitarias.
La presidenta del Comité expresó
que “el señor Gildardo interpuso una controversia constitución ante la Suprema
Corte de Justicia , por lo que el Congreso del Estado no puede ejecutar ninguna resolución del caso hasta que la
Suprema Corte emita una solución respecto a esto , pero se ha estado avanzando
en el tema con la Comisión de Gobernación del Congreso Local”.
Abundó que tienen la confianza de
que el caso siga avanzando y que no se detenga por los tiempos que maneja el
mismo Congreso del Estado.
Explicó que son dos las luchas
las que tienen ,pues, exigen al Congreso
que emita un fallo, además de que piden
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se permitan más actos de
corrupción, pues, la autoridad local esta acusa de otorgar los permisos para explotación
a los recursos naturales por empresas extranjeras sin consultar a la comunidad.
Añadió que están invitando a más
municipios que se han violentados sus derechos de las asambleas comunitarias y
realizar un frente común.
Sostuvo que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano indica que las comunidades indígenas
tienen derecho a determinar a sus autoridades a través de las asambleas comunitarias,
por lo que este derecho debe de ser respetado y no violentado, como es lo que
ha sucedido desde septiembre del 2017.
Añadió que la comunidad trabaja
en bien común y no permiten que ninguna persona cometa actos en perjuicio de la
población o de la ciudadanía.